La Justicia Federal de San Nicolás homologó un acuerdo por el cual tres directivos e integrantes vinculados a la Clínica Centro de Pergamino deberán abonar $75 millones en concepto de fianza y reparación integral del daño, en una causa por presuntas defraudaciones contra el PAMI. Detectaron prácticas médicas que nunca se realizaron La investigación se inició a partir de una denuncia que permitió detectar presuntas irregularidades en las facturaciones presentadas ante el PAMI. Según la causa, desde la institución se habrían cobrado intervenciones quirúrgicas, estudios de diagnóstico por imágenes, tratamientos y otras prestaciones médicas a nombre de afiliados que no habían recibido esos servicios. Uno de los hechos que permitió descubrir el mecanismo fue advertido por una vecina de Pergamino cuando ingresó a la plataforma digital del PAMI para realizar un trámite relacionado con su madre. Allí encontró registradas distintas prácticas médicas que, según pudo confirmar posteriormente, nunca habían sido realizadas. La mujer consultó a su madre, quien negó haber concurrido a la Clínica Centro en las fechas consignadas y aseguró no haberse realizado los estudios que figuraban en el sistema. La situación fue comunicada al organismo, que inició una auditoría y posteriormente presentó la denuncia ante la Justicia Federal. La fiscalía comprobó 28 casos de defraudación A partir de la denuncia, la fiscalía federal a cargo de Matías Di Lello llevó adelante distintas medidas de investigación. En una primera etapa fueron acreditados 28 casos concretos en los que se habrían facturado prestaciones inexistentes, con un perjuicio económico inicial estimado en $1,3 millones. Los investigadores consideraron que la cantidad de afiliados posiblemente afectados podía ser superior. Sin embargo, los casos comprobados fueron considerados suficientes para sostener la imputación y avanzar con la causa. Entre las prestaciones que aparecían registradas se encontraban resonancias magnéticas, ecografías, radiografías, intervenciones quirúrgicas, consultas y tratamientos que, de acuerdo con los elementos incorporados al expediente, no habían sido efectuados a los afiliados consignados. Acuerdo con el PAMI y reparación de $75 millones Con el avance de la causa, la fiscalía y los representantes legales del PAMI alcanzaron un acuerdo basado en la denominada reparación integral del daño. El entendimiento fue analizado y homologado por el juez federal de Garantías de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo. Como parte del acuerdo, los tres imputados deberán integrar un total de $75 millones. La cifra corresponde al cálculo global de la facturación analizada durante un período de seis meses y fue aceptada por el PAMI como reparación del perjuicio económico. La aplicación de este mecanismo permite suspender la continuidad del proceso penal y evita, en este caso, el avance hacia un juicio oral y público, de acuerdo con las condiciones establecidas en el marco legal vigente. El caso puso nuevamente bajo la lupa los mecanismos de control sobre las prestaciones facturadas a las obras sociales y la importancia de que los afiliados revisen periódicamente los servicios médicos que aparecen registrados a su nombre. TAPA DEL DÍA